dimarts, 4 de setembre de 2018

Una investigació periodística identifica l’ex-imam de Ripoll com el possible informador B-O5 de la Guàrdia Civil

Una investigació periodística del portal The Intercept titulada ‘El camí a la Rambla’ identifica l’ex-imam de Ripoll i autor intel·lectual dels atemptats a Barcelona i Cambrils de l’any passat, Abdelbaki es-Satti, com el possible informador B-O5 de la Guàrdia Civil. L’article es basa en uns informes judicials de l’operació Xacal, en què el 2006 van ser encausades vint persones acusades de reclutar i adoctrinar gihadistes. Cinc reberen una condemna, entre les quals Mohammed Mrabet, considerat l’adoctrinador d’Es-Satti.
Tot i que els detalls no poden confirmar-se, la investigació suggereix que els documents relacionen l’informant B-O5 amb el paper d’Es-Satti en el grup de l’operació Xacal. De fet, durant la investigació van punxar el telèfon de l’ex-imam de Ripoll durant un temps per a fer el seguiment de les seves activitats. Els informes situen l’informant B-O5 molt a prop del grup de detinguts de Vilanova i la Geltrú en l’operació Xacal i diu que era present en múltiples reunions del grup, a les seves residències particulars i a la mesquita.
A més, recorda que diversos mitjans espanyols van informar sobre els vincles entre Es-Satti, el CNI i la policia espanyola, de qui era confident. Així mateix, l’article destaca que va ser capaç d’organitzar els atemptats tot i els seus antecedents, i es demana com és possible que Es-Satti articulés la cèl·lula essent un informador sota el radar de la policia espanyola.
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El juez imputa a tres policías por su actuación "desproporcionada y peligrosa" en el 1-O

CARGAS DEL 1-OEl juez imputa a tres policías por su actuación "desproporcionada y peligrosa" en el 1-O

Uno de ellos ya estaba siendo investigado por su intervención en la Escuela Mediterrànea de Barcelona.
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Antidisturbios de la Policía Nacional rodean el colegio Ramón Llull de Barcelona el 1-O./ EFE
El juez de Barcelona que investiga las cargas del 1-O ha citado como imputados a tres agentes de la Policía Nacional por su actuación en la Escuela Pau Claris de la capital catalana, al considerar que procedieron en determinados momentos de forma "claramente desproporcionada e incluso peligrosa".
En un auto, el titular del Juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha acordado citar como investigados por los delitos de lesiones y contra la integridad moral, en una fecha todavía por concretar, a tres agentes de la Policía Nacional, uno de los cuales ya estaba imputado por su actuación en la Escuela Mediterrànea de Barcelona.

La Escuela Mediterrànea

De hecho, la imputación de este agente por su actuación en estos dos puntos de votación del 1-O en Barcelona ha obligado al juez a suspender su declaración, que había fijado para este miércoles, 5 de septiembre, cuando había citado como investigados a este policía y a otro miembro de la Policía Nacional por su intervención "indiscriminada y desproporcionada" en la Escuela Mediterrànea.
Tras analizar las imágenes de vídeo que obran en la causa sobre la intervención de la Policía Nacional en la Escuela Pau Claris de Barcelona, el juez concluye que "no puede apreciarse la proporcionalidad exigida en el actuar de algunos de los agentes, que efectúan actuaciones que, si bien van dirigidas siempre al desalojo del lugar, en determinados momentos son claramente desproporcionadas o incluso peligrosas".
Uno de los agentes de la Policía Nacional imputado por su actuación en la Escuela Pau Claris es el que, según detalla el juez, aparece en el vídeo tirando de la mano y arrastrando varios escalones por una escalera a Marta T., la activista que denunció tocamientos y lesiones por parte de la policía.

https://www.publico.es/politica/cargas-1-juez-imputa-tres-policias-actuacion-desproporcionada-peligrosa-1.html

Una declaración de independencia no es delito en derecho internacional”



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Una declaración de independencia no es delito en derecho internacional”

Entrevista para Diario16 a Ana Stanic, la abogada eslovena y fundadora de E&A Law en Londres
 
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Durante las ultimas dos semanas se han reunido expertos, periodistas y políticos de diferentes países europeos y de sectores muy diversos en Austria, en el anual European Forum Alpbach (EFA, Foro Europeo de Alpbach). Ese fórum, establecido en 1945 como primera plataforma de intercambio intelectual e inter-europeo después de la Segunda Guerra Mundial, tiene el objetivo de entablar un dialogo transversal entre líderes internacionales de todos los sectores de la sociedad sobre el patrimonio cultural, científico y humanitario de Europa para abordar las cuestiones sociopolíticas que más preocupan el continente en cada momento. En el fórum de este año los movimientos independentistas escoceses y catalanes estuvieron en el centro de debate como uno de los grandes retos actuales para la Unión Europea. En el debate participó, entre otras personalidades internacionales, la abogada eslovena y fundadora de E&A Law en Londres, Ana Stanic, que tiene una extensa trayectoria en derecho internacional y europeo. La hemos podido entrevistar después de su intervención.

P: Sra. Stanic, el debate en el que intervino en el Foro Europeo de Alpbach estaba dedicado a los desafíos de los movimientos de independencia actuales para la UE. Entonces, el enfoque del foro parece partir del punto de vista de que esos movimientos no son solo un asunto interno del estado miembro en cuestión. ¿Por qué piensa que es así?
En el Foro discutimos el derecho a la autodeterminación dentro del derecho internacional y europeo, así como la obligación correspondiente de los estados de no evitar los referendos como indicadores formales de la voluntad popular o de reprimir a las personas a causa de ello. En otras palabras, discutimos el hecho de que el orden jurídico interno, incluidas las disposiciones destinadas a preservar la unidad territorial del estado en general, no puede invocarse para evitar el proceso de consultar la voluntad de un pueblo.
Además, discutimos la obligación que tienen los estados de la UE de respetar los “valores europeos” tal como están explícitamente enunciados en el artículo 2 del TUE, que son “los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”. Además de las obligaciones que se les imponen en virtud del artículo 10 (libertad de expresión) y 11 (libertad de asociación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos que protegen el derecho a la democracia y participar colectivamente en un proceso para establecer la voluntad colectiva de un pueblo.

P: Ciertos medios de comunicación y políticos de alto nivel en la UE han afirmado que esos movimientos son populistas y una amenaza para las democracias que forman la UE. ¿Está de acuerdo? ¿Ve alguna diferencia entre los diferentes movimientos?
No estoy segura de a qué movimientos se refieren, pero si se refieren a los movimientos escocés o catalán, no estoy de acuerdo. Estas dos luchas son luchas por la igualdad de las naciones (y estoy usando intencionadamente la palabra “nación” no “estados”). El caso de Cataluña es también una lucha por la democracia y la justicia social y lo más importante es que ambos movimientos están impulsados ​​por el deseo de participar plenamente en el futuro europeo.
Los movimientos no son paradojas del proceso europeo, sino más bien una nueva encarnación del principio de subsidiariedad.

P: Mirando más específicamente la idea de la autodeterminación de las naciones. ¿Qué disposiciones encontramos en el derecho internacional y en la legislación de la UE para que un estado democrático moderno garantice la integridad territorial para la mayoría de la población, pero también el derecho a la autodeterminación de las diferentes naciones que componen este estado?
Es un principio fundamental del derecho internacional que un estado es una cuestión de hecho. En otras palabras, no existe un requisito legal en el derecho internacional para que un ente que busca la independencia muestre un derecho positivo a ser un estado. Además, el Tribunal Internacional de Justicia dejó claro en la opinión consultiva sobre la declaración unilateral de independencia de Kosovo de que no existe una norma de derecho internacional que prohíba una declaración de independencia.
“LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ES UN DERECHO INALIENABLE”
Es importante destacar que, en el mismo caso, el tribunal aclaró que “el principio de integridad territorial se limita a la esfera de las relaciones entre los Estados”. Esto significa que un estado no puede menoscabar la integridad territorial de otro, pero que el principio de integridad territorial no puede invocarse a nivel interno de un estado y que, por consiguiente, una declaración de independencia que no ha sido consentida por el Estado central no constituye una violación del derecho internacional.
La independencia deja de ser un hecho para convertirse en un derecho en que una entidad puede reclamar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Esto se debe a que la autodeterminación de los pueblos es un derecho inalienable. Es decir, el derecho no puede ser eliminado por otros, incluyendo a un gobierno central que se opone a su aplicación.

P: También existe el argumento de que el ejercicio del derecho a la autodeterminación solo se aplica en el contexto de las antiguas colonias. ¿Se mantiene eso todavía vigente?
A menudo se argumenta que el derecho a la autodeterminación no existe fuera del contexto colonial y que las vías internas para reclamar la autodeterminación fuera del contexto colonial se abordan mejor a través de la autonomía, de soluciones federales o de uniones estatales, preservando la integridad territorial de los estados. Se puede argumentar que el derecho a la autodeterminación que incluye el derecho a la secesión está emergiendo en el derecho internacional. No obstante, debe tenerse en cuenta que este derecho solo puede invocarse en circunstancias extremas, como la represión severa, persistente y generalizada, por un lado, o la exclusión de un segmento significativo de la población de la gobernanza en el estado general, por el otro. Además, la aparición de nuevos estados en Europa a finales de la década de los años 90, como Eslovenia, la República Checa y otros, es una prueba clara del hecho de que el derecho a la autodeterminación no se limita al contexto colonial. Y el Tribunal Internacional de Justicia ha afirmado que el derecho existe fuera de este contexto.
Y yo diría que también existe una comprensión más amplia del derecho a la autodeterminación en lo que respecta a las prácticas democráticas y la legitimidad. Este entendimiento está conectado con la visión ampliamente aceptada de que la autoridad para gobernar debe basarse en la voluntad del pueblo. En consecuencia, el derecho a la autodeterminación debe considerarse como un derecho continuo a la participación democrática en el estado. En relación a las personas, este derecho se traduce en un derecho a la participación democrática a través del voto, las elecciones, los referendos y el derecho a presentarse a las elecciones. Debo señalar que la expresión del principio democrático es particularmente pronunciada en el contexto europeo, donde se ha considerado que el principio democrático es la característica fundamental del orden público europeo. Este derecho más amplio a la autodeterminación incluye el derecho de las personas o poblaciones a elegir libremente su sistema político, económico y social.

P: ¿La UE tiene mecanismos efectivos para velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos de la UE por parte de los Estados miembros?
El mecanismo más importante es el Convenio Europeo de Derechos Humanos que, entre otras cosas, nos garantiza los derechos de los ciudadanos de la UE como la libertad de expresión, la libertad de reunión y los derechos relacionados con la gobernabilidad democrática, que incluye el derecho a votar y ser elegido. Además, el artículo 2 del Tratado de la UE impone a los estados de la UE el deber de respetar los “valores europeos”, que son “el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, incluido el derechos de las personas pertenecientes a minorías “. En este momento, se encuentran pendientes procesos contra Polonia y Hungría por la violación de estos valores.

P: En cambio, parece ser que el movimiento independentista catalán no recibe esta atención, ¿quizá porque en realidad está visto todavía como una amenaza?
Este movimiento no debería ser visto como una amenaza para el proyecto europeo. Para tener futuro, el proyecto de la UE no debe centrarse únicamente en la concentración y la centralización de poderes a nivel de la UE, sino también en la descentralización de poderes. El principio de subsidiariedad y la Europa de las regiones deben recibir más ímpetu. Lo que es más importante, las instituciones de la UE deben cumplir su papel asegurando que los valores europeos sean cumplidos por todos los estados miembros de la UE, no debe haber dobles estándares dentro de la UE. La protección de los derechos humanos de los ciudadanos de la UE y la diversidad de sus pueblos deben estar en el centro del proyecto de la UE.

P: ¿Dónde ve hoy las verdaderas amenazas para el proyecto de la UE?
Una de las nuevas amenazas para el proyecto de la UE es el cambio en la financiación de los partidos europeos adoptado recientemente por las instituciones de la UE, lo que significará que los partidos más grandes y las fundaciones relacionadas con ellos recibirán más fondos que en el pasado. Ya hemos visto una disminución en el número de partidos a nivel de la UE de 16 a 10 y se espera que el número de partidos se reduzca aún más. Estas nuevas reglas sobre financiación y el cambio en la definición de quién puede formar un partido europeo socavarán la pluralidad y la democracia en la UE.

http://diario16.com/una-declaracion-independencia-no-delito-derecho-internacional/


Falsificada el acta que propuso a Pablo Llarena como Magistrado del Tribunal Supremo

Fueron los propios integrantes de la Comisión Permanente del CGPJ los que hicieron públicas sus dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados el día 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo
  
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Los propios vocales integrantes de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fueron los que divulgaron a los medios de comunicación sus dudas acerca de la validez de los Acuerdos adoptados el 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba  la composición de la terna que llevaría a la Sala 2ª del Tribunal Supremo a Pablo Llarena.
Las decisiones que se tomaron ese día en la Permanente consistieron en la aprobación de la composición de dos ternas de candidatos para el Tribunal Supremo, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal entre cuyos nombres se encontraba el de Pablo Llarena, y otro de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo en la que figuraba Fernando Román – amigo íntimo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes-.
Ese mismo día quedaron conformadas también las ternas de los candidatos para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJs) de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha (en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela que ya entonces había sido denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez), y también de los TSJs de la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Las dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente de fecha 14 de enero traían causa de la indebida utilización del mecanismo de la sustitución por parte del Presidente  Lesmes a favor del Vicepresidente Juanes, que todo daba a entender que se hizo en fraude de Ley.
Lesmes quería que en una de las ternas se incluyera a su amigo Fernando Román. Y para “despejar” cualquier sombra de duda sobre su “imparcialidad” no se le ocurrió otra cosa que delegar su voto en Juanes, quien por otra parte no había asistido a una sola de las entrevistas, ni había tenido conocimiento previo de los expedientes de los candidatos. Por eso Juanes necesitaba “instrucciones” para votar en el sentido en el que lo hizo.
Era evidente que Lesmes tenía que abstenerse pero se equivocó en el modo elegido para su sustitución, ya que la “delegación de voto” perpetuaba en el mandatario las causas de abstención del mandante, provocando la nulidad de todos los acuerdos alcanzados ese día por la Comisión Permanente.
Por esa razón,  una de las vocales que componían la Comisión Permanente ese día, la abogada del Estado Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio el modo empleado por Carlos Lesmes para su sustitución, que aprovechó la ocasión para desplazarse a París para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación francesa.
Es a partir de las objeciones de Díaz Abad cuando saltaron todas las alarmas, pues el descubrimiento del fraude no solamente ponía en peligro la composición de la terna en la que se había incluido a Fernando Román, sino que podía hacer estallar todo el sistema, salpicando la nulidad a todos las ternas que se habían constituido ese día, nada menos que 7, de las cuales 5 correspondían a la provisión de vacantes de presidente de los TSJs de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña.
Es entonces cuando, ya de vuelta Carlos Lesmes de su viaje a París, actuó la perversa maquinaria de la transparencia en la documentación de los actos del Consejo General del Poder Judicial.
La intervención de Nuria Díaz Abad se hizo constar en el acta del día 14 con un simple “voto en contra”, sin más detalle, y solo en referencia al acuerdo 1.1.2., la composición de la terna en la que se incluyó a Fernando Román. Pero además, para evitar cualquier peligro de contagio a las demás ternas y “salvar los muebles” se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJs de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.
De esta forma ya no había peligro de que el sistema se derrumbara, aunque fuera a costa de haberse cometido un delito de falsedad en documento público y oficial que colocaría bajo sospecha a todos los acuerdos adoptados por el CGPJ los días 12 y 14 de enero de 2016, entre ellos la propuesta de nombramiento de Pablo Llarena Conde como candidato a la plaza de Magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

http://diario16.com/falsificada-acta-propuso-pablo-llarena-magistrado-del-tribunal-supremo/

Vox es líder entre los militares y adelanta al PP en los cuarteles de la Guardia Civil Si las elecciones se celebrasen solo en los cua...