Indemnizan a agricultores por contaminación con transgénicos de la Bayer CropScience AG.
Indemnizan a agricultores por contaminación con transgénicos
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los tocacojones de blogger
Este proceso se puede considerar como un primer ensayo de las 3.000 demandas de los cultivadores de arroz damnificados en los estados de Misuri, Arkansas, Texas y Misisipi.«Es un gran éxito para todos los agricultores estadounidenses damnificados por la contaminación con “Liberty Link”», afirmó Johnny Hunter, uno de los dos litigantes, quien añadió: «Espero que este fallo obligue a la firma BAYER a suspender sus irresponsables programas de prueba».
Los miembros del jurado consideraron que la compañía mostró «negligencia» en cuanto a las medidas de seguridad y aceptaron casi la totalidad de las reivindicaciones del Sr. Hunter. Adam Levitt, uno de los abogados de los demandantes, espera que el monto de las indemnizaciones por daños y perjuicios alcance varios cientos de millones de dólares.
Los próximos juicios tendrán lugar en enero.En 2006, hizo su aparición en el mercado el arroz de grano largo transgénico «Liberty Link», resistente al peligrosísimo herbicida «Glufosinato», si bien entonces esta variedad de arroz no estaba autorizada en ninguna parte del mundo. Llegó a contaminarse cerca del 30% de la cosecha estadounidense, por lo que tanto la Unión Europea como Japón paralizaron la importación de arroz de los EE. UU.
Según un estudio de Greenpeace, los daños a los agricultores afectados ascenderían a mil doscientos millones de dólares. BAYER y la Universidad del Estado de Luisiana habían realizado unos años antes pruebas en campo abierto con esta especie transgénica, lo que pudo provocar el cruce de variedades.
No obstante, no ha sido posible determinar el origen exacto a pesar de llevar años investigándolo.Philipp Mimkes, de Coordinación contra los peligros de BAYER (CBG de sus siglas en alemán) ha declarado que les complace la decisión adoptada por el tribunal de San Luis y exigen a BAYER que indemnice de forma inmediata a todos los agricultores damnificados, y conminan igualmente a la Unión Europea a que no autorice la importación de arroz «Liberty Link», pues no debe pasar por alto los riesgos ecológicos y sociales del arroz transgénico demostrados en los potenciales países cultivadores.
El Sr. Mimkes reclama asimismo que el Gobierno alemán cumpla a rajatabla la normativa europea para no favorecer a los alimentos con ingredientes transgénicos, algo que ya se insinuó en el pacto de la coalición.En el año 2003, el grupo empresarial BAYER solicitó la autorización para importar arroz de la variedad Liberty Link 62, solicitud que no llegó a aprobarse en ninguna de las numerosas votaciones del Consejo de Ministros, pero que a día de hoy aún no se ha revocado.
Coordinación contra los peligros de BAYER ha presentado en repetidas ocasiones demandas de reconvención contra la junta general de BAYER a causa de los riesgos que el arroz transgénico entraña para el medio ambiente, los consumidores y los agricultores.
El caso de los agricultores damnificados vuelve a demostrar una vez más que el cultivo de arroz transgénico conduce irremediablemente a la contaminación y a la extinción de variedades tradicionales de arroz. Cultivarlo en grandes extensiones tendría como consecuencia una mayor presencia de plagas y el consiguiente incremento del uso de peligrosos pesticidas.Los agricultores de Estados Unidos (EE.UU.) comienzan a ganar juicios a las multinacionales biotecnológicas o de los alimentos transgénicos por la contaminación de sus cultivos. Ya son 3.000 los agricultores de arroz damnificados en los estados de Misuri, Arkansas, Texas y Misisipi.
Lo último que sabemos, gracias al grupo Coordinación contra los peligros de BAYER (CBG de sus siglas en alemán), es que el juzgado de distrito de San Luis ha concedido una indemnización cercana a los dos millones de dólares a dos agricultores cuya cosecha arrocera resultó contaminada por variedades transgénicas de la Bayer CropScience AG. Durante este mes de enero se desarrollarán más juicios. La variedad transgénica de arroz “culpable” es la llamada Liberty Link. Se trata de una especie “de laboratorio” aparecida en 2006 que es resistente al peligrosísimo herbicida Glufosinato. El 30% de la cosecha estadounidense quedó contaminada y por ello la Unión Europea y Japón paralizaron la importación de arroz de los EE. UU.
El periódico Diagonal ofrece una interesantísima información que se esquematiza en el siguiente párrafo y que contiene un gráfico esclarecedor sobre la situación de los cultivos transgénicos en la Península Ibérica:
Desde 2008 no se publican las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad que tienen que hacer público en qué campos del Estado español se cultivan Organismos Genéticamente Modificados. Empresas como Pioneer, Bayer o Monsanto tienen las puertas abiertas para experimentar, a pesar de que recientemente ha salido a la luz un estudio, encargado y ocultado por la propia Monsanto, que demuestra que esta clase de cultivos puede causar daños en la salud humana.
De manera paralela, organizaciones de agricultores, consumidores, ecologistas y de cooperación han recurrido ante el Defensor del Pueblo por la imposición de los transgénicos. Denuncian que el Gobierno favorece los intereses de las multinacionales frente al derecho a una alimentación y una agricultura libres de transgénicos. Cómo no van a favorecer a estas megaempresas si a la cabeza del Ministerio de Ciencia y Tecnología se encuentra la fundadora de la empresa de biotecnología Genetrix y ex máxima responsable del mayor lobby de los alimentos transgénicos en España, ASEBIO. Por lo visto la respuesta del Defensor del Pueblo ha sido positiva y su equipo jurídico va a seguir trabajando con estas organizaciones que denuncian los peligros de la agricultura transgénica y químico tóxica.
Les deseo, como es lógico, lo mejor, aunque me pregunto qué conocimiento real tienen los asesores del mencionado Defensor sobre los posibles efectos nocivos de los alimentos transgénicos cuando, en contestación a una reciente carta que le han remitido las víctimas de la Sensibilidad Química Múltiple, ha calificado, siguiendo la línea del Ministerio de Sanidad, de “enfermedad rara” este incapacitante síndrome provocado o agravado entre otros muchos factores por la alimentación químico tóxica.
Más info: El libro La salud que viene. Nuevas enfermedades y el marketing del miedo (Península, 2009) documenta las nuevas enfermedades que están apareciendo por la contaminación ambiental.
Miguel Jara
http://www.vidasana.org/noticias-vidasana/indemnizan-agricultores-por-contaminacion-con-transgenicos.HTML
Cien campos secretos de prueba de transgénicos con la connivencia del PSOE
Empresas como Pioneer, Bayer o Monsanto tienen las puertas abiertas para experimentar, a pesar de que recientemente ha salido a la luz un estudio, encargado y ocultado por la propia Monsanto, que demuestra que esta clase de cultivos puede causar daños en la salud humana.
“Tenemos constancia de que se llevan años haciendo experimentos con semillas transgénicas al aire libre sin que los Concelhos, en el caso de Galicia, los ayuntamientos o las organizaciones sociales tengan conocimiento de ello. Desde el Ministerio y la Xunta nos han ocultado información”. Así lo declaraba para DIAGONAL Charo Sánchez, agricultora y secretaria de medio ambiente del Sindicato Labrego Galego (SLG) tras descubrir informes de campos de ensayo de maíz al aire libre realizados en 2008 en los concelhos de Arteixo o Santa Uxía. “Algo que desde la Administración nos habían negado. Ha sido como un jarro de agua fría”.
La información sobre los cultivos experimentales con organismos genéticamente modificados (OGM) sigue siendo oscura y confusa->. Los campos de prueba al aire libre son, normalmente, parcelas arrendadas por las multinacionales a agricultores y agricultoras para probar nuevas variedades transgénicas (maíz, patata, remolacha o algodón, entre otras). Ensayos que forman parte de los protocolos previos exigidos por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para autorizar el cultivo comercial de nuevas variedades de OGM.
Un proceso por el que ya pasó el maíz MON810, el único transgénico que se cultiva comercialmente en el Estado español de manera legal, a pesar de haber levantado ampollas en la sociedad civil por sus consecuencias sociales o medioambientales. De hecho, el pasado mes de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM) reconocía por primera vez la existencia de personas afectadas por contaminación de sus cultivos con maíz transgénico MON810. Un peligro que se multiplica con los campos experimentales de transgénicos, cuyo cultivo comercial está prohibido por su falta de garantías, ya que ni siquiera han pasado por un trámite previo que evalúe su seguridad.
La competencia en el Estado español para autorizar estas pruebas a campo abierto es del MARM. En las solicitudes de las empresas se recogen unos protocolos de seguridad como la eliminación de la muestra. “Tras finalizar la cosecha, las plantas se destruirán por un medio adecuado, generalmente por trituración o enterramiento”, expone Monsanto en uno de sus pliegos para plantar maíz Nk603. La representante del SLG, Charo Sánchez, es tajante: “A eso no se le puede llamar eliminación de residuos. Esa contaminación queda en el suelo. El Ministerio sabe que por todo el territorio hay parcelas y parcelas con organismos transgénicos enterrados. Además, los principios de precaución no garantizan absolutamente nada. Sabemos por estudios que 200 metros de distancia con otros cultivos no es una barrera real de seguridad. Estos protocolos de ensayos y de residuos son los que las propias empresas proponen, no el Ministerio”.
A todas luces la seguridad parece escasa. “Hemos visto lugares, como Fraga, donde el principio de precaución no se había llevado a cabo. Simplemente habían pasado con una máquina para arrancar los restos del cultivo. Quedaban un montón de mazorcas por el suelo”, apunta Rosa Binimelis de la plataforma catalana Transgènic Fora.
Para Andoni García, responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente del sindicato agrario COAG, no hay seguridad en cuanto hay una experimentación a campo abierto. “Con la investigación que se ha hecho no está garantizado que no existan consecuencias nocivas. Posiblemente haya habido contaminación de experimentales con otros cultivos, pero como sólo se analiza lo ecológico es difícil saberlo”.
Además de la inseguridad, el secretismo acompaña este tipo de ensayos. “Hemos comprobado que cuando se hacen cultivos experimentales no se avisa ni a la población ni a los vecinos”, declara la representante de Transgènic Fora.
Lo cierto es que la autoridad competente, el MARM, no está obligada a avisar a las localidades donde se realiza la prueba. “La última palabra siempre la tiene el Ministerio; las Autonomías están supeditadas, aunque también pueden tener un posicionamiento claro y negarse”, resume Charo Sánchez.
De hecho es imposible saber qué campos se han concedido o no y qué experimentos se están llevando a cabo, ya que esa información debería salir publicada en las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), documentos que no ven la luz desde 2008.
Según las últimas solicitudes publicadas por el Ministerio, entre 2009 y 2011, hasta 100 localidades de todo el estado Español se habrán convertido temporalmente (de 6 a 12 meses) en laboratorios a campo abierto de la agroindustria.. Pioneer, Monsanto o Bayer, entre otras, se reparten autonomías para sus ensayos. “El concelho de Lalín intentó localizar la ubicación exacta de los campos en su territorio”, revela Sánchez. “Llegó hasta a contactar con Monsanto, que era quien tenía solicitados los campos. También lo intentó Chantada, pero ambos fracasaron. Es muy pre- ocupante que incluso a la propia Administración local le nieguen datos. Esta situación es una muestra de la gran complicidad entre las multinacionales y los gobiernos”, añade.
“Es muy complejo. Hay muchos vacíos legales por los que formalmente no se hace nada irregular pero que generan situaciones complicadas”, afirma Sira Rego, concejala de Medio Ambiente de Rivas Vaciamadrid. Esta localidad consiguió paralizar una solicitud de experimentación con maíz en su territorio. “No nos comunicaron nada porque en principio nos dijeron que no tenían por qué hacerlo”. Para Sánchez, la situación es vergonzosa. “Es un tema social que está afectando a toda la ciudadanía. Debe ser debatido y explicado”, concluye.
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