Nou nyap de Fernández Díaz prepara un Reglament de Circulació que vol posar límit de velocitat i controls d’alcoholèmia als vianants

 

Nou nyap de Fernández Díaz

La Direcció General de Transit (DGT) del ministeri de l’Interior prepara un Reglament de Circulació que vol posar límit de velocitat i controls d’alcoholèmia als vianants

La proposta és prou ridícula perquè fins i tot el Consell d’Estat hagi demanat a la DGT que reconsideri el projecte si vol que s’aprovi perquè té “notables imprecisions”.

Entre els punts més polèmics hi ha el d’imposar límits de velocitat als vianants i que se’ls obligui a passar controls d’alcoholèmia i drogues si cometen alguna infracció o es veuen implicts en un incident de trànsit. Segons el Consell d’Estat la norma danyaria drets reconeguts a la Constitució com el dret a la llibertat de circular pel territori de l’estat espanyol i el dret a la intimitat. La norma considera “usuaris de la via” els conductors de vehicles i els vianants i pretén introduir un límit de velocitat màxima als últims que no podrien sobrepassar “la velocitat del pas humà”, fet que implicaria la prohibició de córrer per al via pública.

 

Bassas desemmascara la inconsistència de Podemos
amb 7771 lectures.

 Podemos confirma la seva oposició al dret a l’autodeterminació de Catalunya

De En Capablanca el 20.01.2015 a les 19.52 h 

El Consell d’estat també assenyala que amb l’aplicació de la norma els vianants no podrien  participar en festes i esdeveniments populars o celebracions de caràcter privat en les que es consumeixi alcohol si no es vol córrer el risc d’haver de passar un control d’alcoholèmia si hi ha algun incident de transit.  De la mateixa manera, els vianants que consumeixen habitualment medicaments antidepressius o antigripals que continguin codeïnes, benzodiazepines, opiacis o similars correrien el  risc de donar positiu en un test de drogues

.http://www.directe.cat/noticia/384413/nou-nyap-de-fernandez-diaz

La DGT quiere limitar la velocidad de los peatones

• 

19.01.2015 Europa Press 4

El Consejo de Estado ha pedido a la Dirección General de Tráfico (DGT) que reconsidere el proyecto de Reglamento de Circulación para que pueda ser aprobado, y achaca que existen “notables imprecisiones” en el texto. Entre sus puntos más polémicos, está la imposición de límites de velocidad a los peatones y que se les obligue a pasar un control de alcoholemia y drogas si cometen alguna infracción.

Así, el Informe del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso Europa Press, se muestra contrario a la definición de ‘usuarios de la vía’ que realiza la DGT, y que puede abarcar a conductores de vehículos y peatones, obligando a éstos a realizar pruebas de alcohol y drogas cuando se hallen implicados en un accidente o cometan una infracción.
A su juicio, esta conclusión es “insostenible”, pues los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el territorio nacional y a la intimidad personal de la Constitución, se verían dañado “por el simple hecho de que pasear por las vías se sometiera a estas restricciones”.

En este sentido, alega que, de llevarse a cabo la norma pretendida “los españoles habrían de abstenerse de participar en fiestas populares o de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume habitualmente alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de alcoholemia si, en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente”.
No obstante, la DGT ha aclarado que en ningún caso se va a multar a nadie por hacer ‘running’ o correr con un carrito de bebé. En el caso de que alguien circule por la acera o por el arcén guiando un vehículo deberá hacer al paso de los peatones y no corriendo, pero “en ningún caso se va a multar a nadie por hacer ‘running’ o por ir corriendo con un carrito de bebé”, han señalado fuentes del departamento que dirige María Seguí a Europa Press.
Las mismas fuentes han indicado a Europa Press, que lo que se propone en el texto, es que se sometan a test de alcoholemia y droga aquellos peatones “que estén implicados en accidentes”, no los que estén cerca de un suceso, tal y como critica el Consejo de Estado. “Si hay alguien en una boda cerca de un accidente no tienen que hacer test de nada”, ha apuntado.
Un ultracatólico, miembro de una orden medievalPor otro lado, se refiere a las personas que toman habitualmente medicinas que contengan codeínas, benzodiacepinas, opiáceos o semenjantes, que darían positivo en el test de drogas y que, según el Consejo de Estado, sólo “podrían aventurarse a salir de casa con las correspondientes recetas médicas”.
Este concepto de usuario de vía, también influye a la hora de imponer unos límites de velocidad. Así, la norma propuesta por la DGT pretende introducir un límite de velocidad máxima a los peatones mediante el texto: “Los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano” lo que, para el Consejo de Estado supondría “la prohibición de correr, un deporte extendido en estos tiempos”.

Además, apunta en el informe que “quien circula a pie es peatón, de manera que mal puede ser un conductor, pero en todo caso quien circula a pie siempre se mueve a velocidad de su propio paso”.
Los cambios de límites de velocidad en las diferentes vías es otro de los temas más aludidos por el Consejo de Estado. El organismo señala que la DGT no ha calculado los gastos de nueva señalización y que no ha documentado algunas de las cifras que presenta y que relacionan la velocidad con la siniestralidad en ciertas vías.
Asimismo, le recrimina que ante las diferentes alegaciones de administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones “no se ha dado respuesta alguna”.

En cuanto a la reducción de velocidad en zonas urbanas, el Consejo de Estado se muestra contrario a su aprobación porque “invade las competencias de las Entidades Locales” y apunta que, de llevarse a cabo esta norma, será “objeto de una inmediata impugnación por parte de los ayuntamientos”. Además, éstos han mostrado su oposición a la misma, al considerar que podría “colapsar” la circulación de las ciudades.
Entre las principales razones por las que el organismo no aconseja a la DGT modificar los cambios de velocidad es “porque la ciudadanía no los ha demandado”, así como que el paso de 100km/h a 90km/h en carreteras convencionales y de 90km/h a, en muchos casos, 50km/h en la red secundaria “ralentizará necesariamente todos los desplazamientos en España”.
Un ultracatólico, miembro de una orden medievalAUMENTO A 130KM/H Del mismo modo, pone en duda la ejecución de los aumentos de velocidad en autopista a 130km/h, en circunstancias especiales, y que, según el texto, se señalizará en los paneles con mensaje variable. El Consejo de Estado cuestiona “las posibilidades que tienen los conductores para probar que cuando circulaban a 130km/h en autopista lo hacían en cumplimiento de la norma fijada en un panel”.
El Ministerio de Fomento ha expresado su opinión sobre esta medida que, a su jucio, “supone una disminución de la conciencia del riesgo por parte de los conductores”, según recoge el informe del Consejo de Estado.
Bicicletas y motos En cuanto a la normativa hacia los ciclistas, el Consejo de Estado, la denomina como “notablemente imprecisa”, con situaciones que considera “absurdas”, como, por ejemplo, fijar límites de velocidad para estos vehículos, cuando no poseen medidores.

Además, apunta que la autorización para transportar niños menores de cinco años por cualquier ciclista “contradice las regulaciones sobre medidas de seguridad vial de los menores” y que este reglamento “altera el modelo urbano en España, en el que la acerca y la zona peatonal no son un carril de circulación, sino un espacio de convivencia de los ciudadanos”.
Finalmente, se pone en duda la decisión tomada por el departamento que dirige María Seguí, en relación a la obligación de los conductores de ciclomotor de llevar un casco homologado. El Consejo de Estado no duda que la inversión de estos conductores en los cascos sea beneficioso a cambio de la seguridad que reciben, pero critica que en el texto se contabilicen los gastos señalando que este equipamiento cuesta 20 euros, cuando su precio oscila entre los 70 y los 900 euros.
http://www.expansion.com/2015/01/19/empresas/transporte/1421693370.html

Projecte de llei del NOU REGLAMENT DE CIRCULACIÓ. Es Han begut l’enteniment. La DGT vol posar un límit a la velocitat màxima dels vianants.

El Consell d’Estat demana al Govern que reconsideri de principi a fi el nou Reglament General de Circulació. Considera que el projecte no pot entrar en vigor tal com està plantejat perquè no té el suport dels diferents ministeris implicats. Ni tan sols té el suport del Ministeri d’Interior, del qual depèn la DGT. L’informe que ha realitzat la Secretaria General Tècnica del Ministeri de l’Interior “no és favorable a aprovació de la norma projectada i el mateix es pot dir del Ministeri de Foment”.
El més bel·ligerant amb la norma és del de Foment, que es mostra contrari -entre altres qüestions- a la pujada de la velocitat a 130 km / ha les autovies i autopistes. Diu que aquesta opció “disminueix la consciència de risc dels conductors i incrementarà el nombre d’accidents”. Foment assenyala que les autovies i autopistes s’han construït per circular a 120 km / hi afegeix que la “societat espanyola no reclama aquesta mesura”. Tampoc és partidari el ministeri que dirigeix Ana Pastor de baixar la velocitat a 90 en les carreteres convencionals. “Farà suposar als usuaris que pot bategar en la mesura una finalitat recaptatòria”, assenyala Foment, que retreu a la DGT que bona part de les seves propostes són competència d’aquest departament així com el cost econòmic que suposarà el canvi de senyalització en els 85.000 quilòmetres de carreteres, cost que no s’ha quantificat.

El ministro, miembro de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, un movimiento de caballería propio del Medioevo,

El Consell d’Estat adverteix que la vida de les ciutats es veurà alentida amb la reducció del límit a 30 km / hi alerta que pot provocar el “col·lapse de les ciutats”. El màxim òrgan consultiu afirma que aquesta modificació no és possible perquè “no té suport legal”, envaeix les competències dels ajuntaments i seriosa motivar d’impugnació per part dels municipis.

Sobre el nou ús de la bicicleta, el Consell d’Estat demana que o bé que “se suprimeixi tot el capítol o bé sigui reconsiderat en el seu conjunt” per ser sotmès a una nova reflexió. El dictamen no comparteix la idea que les bicicletes puguin circular per la vorera amb els vianants i recorda en aquest sentit diverses sentències del Tribunal Suprem. A més, fa una altra consideracions, com el fet que les bicicletes no estan subjectes a assegurança obligatòria, de manera que “els atropellaments de vianants en voreres més que previsibles quedaran a càrrec de l’erari públic”. També qüestiona que el reglament “permet als ciclistes utilitzar el voral de les autovies de manera habitual” mentre aquesta possibilitat està vedada per als ciclomotors.
En resum, el Consell d’Estat considera que no és un text meditat, que no hi ha un mínim consens, que envaeix competències dels ajuntaments que garanteixen la Constitució i que ara mateix és inviable el model sostenible proposat d’abandonar l’automòbil i fomentar l’ús de la bicicleta: “És anòmal sotmetre a consulta una proposta no compartida, ja no pels altres departaments ministerials, sinó també per bona part del ministeri proponent en el qual algunes unitats es manifesten clarament contraris a les propostes”.

Però a més hi ha fragments de l’informe del Consell d’Estat que no tenen desperdici perquè considera que algunes de les propostes ratlla el ridícul. Per exemple, hi ha un nou apartat del reglament que el dictamen qualifica sarcàsticament d’innovador, és l’article 48.5: “Els vehicles en què el seu conductor circuli a peu no han de sobrepassar la velocitat del pas humà i els animals que arrosseguin un vehicle, la del trot “. El Consell d’Estat no es pren seriosament aquest precepte. Demana que se suprimeixi perquè “qui circula a peu és vianant, de manera que mal pot ser un conductor, però en tot cas qui circula a peu sempre es mou a velocitat del seu propi pas”. Objecta més amb ironia que la mesura “podria suposar la prohibició de córrer, un esport molt estès en aquests temps”.
Tampoc entén que els vianants es vegin obligats a sotmetre a una prova d’alcohol o drogues en el cas d’infringir una norma “com creuar indegudament un carrer” o veure implicats “directament o indirectament” en un accident. El Consell d’Estat considera aquesta proposta “insostenible” i alerta que pot vulnerar drets fonamentals com els drets a la llibertat i seguretat; a circular lliurement per l’estat espanyol ia la intimitat personal. I en to més jocós assenyala el dictamen que es pot “arribar a multar un passejant després d’haver pres una copa de vi”. I pel que fa a les drogues, no hi ha a la norma precisió alguna del que s’ha d’entendre com a tal. El concepte de droga que maneja el Reglament és tan ampli que abasta des de la heroïna fins a la codeïna, que és la base del xarop per a la tos.
ó a
volvió El dictamen, que no és vinculant, crida l’atenció també a la DGT perquè ha calculat molt malament el cost d’obligar els conductors de ciclomotors amb casc homologat i no certificat com fins ara. La memòria d’impacte calcula que més de dos milions d’usuaris hauran de comprar un casc homologat i assenyala que el preu és d’uns 20 euros, de manera que la xifra total és de més de vuit milions d’euros. Diu el Consell d’Estat que no és possible trobar un casc homologat a 20 euros perquè el seu cost oscil·la entre els 70 i 900 euros. L’organisme demana també reconsiderar aquesta mesura tenint en compte que el ciclomotor el fan servir joves d’escàs poder adquisitiu i que el sector té una gran importància econòmica a Espanya.

http://publicacionseduardnogues.blogspot.com.es/