El acuerdo entre PP y Vox respecto a una lengua que en la Franja hablan cerca 30.000 personas destila catalanofobia
Se llama catalanofobia
El Institut Aragonès del Català es un pequeño organismo integrado en la Academia Aragonesa de la Lengua. Creado por decreto en el 2018, no se constituyó efectivamente hasta marzo del 2022, y su coste, muy reducido, se financia dentro de los propios presupuestos de Aragón. Aun así, el nuevo gobierno que emerge esta semana del acuerdo entre PP y Vox ha puesto el ojo en él con intención de suprimirlo, bajo el argumento de “adoctrinamiento”.
El futuro ejecutivo de coalición, presidido por Jorge Azcón, aspira a librar Aragón de lo que denomina “la imposición del catalán”, y quiere hacerlo con celeridad. Los primeros resultados deben ser visibles antes de que acabe el año, y el proceso culminará con una modificación normativa a lo largo del siguiente. A partir de entonces, los aragoneses —también aquellos que hablan catalán— quedarán, según promete el acuerdo firmado con la extrema derecha, libres de cualquier imposición idiomática.
PP y Vox quieren liberar Aragón de la “imposición” del catalán
No es la primera vez que ocurre. En el 2013 fue el lapao , el eufemismo para no llamar “catalán” al catalán. Ahora lo quieren denominar fragatí . La forma cambia, pero el fondo es el mismo. Lo que está claro es que no se trata de ninguna medida de ahorro ni de eficiencia administrativa. Es un gesto simbólico de hostilidad hacia una lengua y sus hablantes con el que no se pretende suprimir burocracia, se quiere eliminar su reconocimiento.
El acuerdo entre PP y Vox respecto a una lengua que en la Franja hablan cerca 30.000 personas destila catalanofobia. Una estrategia que se usa como arma electoral y que parece dar votos a quien la enarbola. Esta catalanofobia tiene una geografía amplia. Está en Aragón, pero también en la Comunidad Valenciana, donde han cambiado el acento del nombre oficial de la ciudad –de València a Valéncia– contra el criterio de la academia de la lengua. Está en Baleares, donde el catalán ya no es obligatorio para trabajar en la administración pública. Y está, de forma más sutil, en Bruselas, donde se intenta evitar que las lenguas cooficiales –gallego, catalán y Euskera– alcancen el reconocimiento europeo.
Diez millones de personas hablan catalán. Tiene más hablantes que el danés o el esloveno, pero en un mundo globalizado está seriamente amenazado. En dos décadas, su uso ha caído 15 puntos. Es algo que se percibe en las escuelas, en el ámbito laboral, en los comercios o en el ocio. La situación es preocupante y las administraciones deberían dar pasos decididos para protegerlo, no para arrinconarlo.
Defender una lengua amenazada no es adoctrinar. Negarle el mínimo reconocimiento institucional equivale a abandonar de forma deliberada la riqueza lingüística del país porque el catalán no es el problema. Sí que lo es el uso político que se hace de la lengua y, por eso, estaría bien que el Gobierno central, más allá de impulsar que se pueda hablar en el Parlamento Europeo, reaccionase para protegerlo del ataque de otras fuerzas políticas.
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