Crucial acuerdo PNV-EH Bildu para blindar el euskara frente a la ofensiva española
Tras meses de debate público y semanas de negociaciones, PNV y EH Bildu han cerrado este miércoles un acuerdo destinado a fortalecer la regulación del euskara en la Ley de Empleo Público frente a la ofensiva judicial española, traducida en decenas de sentencias contra los perfiles lingüísticos. Lo han hecho público en una nota conjunta firmada por Pello Otxandiano y Josu Aztiria, en nombre de la formación de izquierdas y Joseba Díez Antxustegi y Markel Olano por el PNV.
EH Bildu dará este jueves luz verde al proyecto de ley del PNV en el Parlamento de Gasteiz, mediante la abstención. Y a su vez la formación jelkide se compromete a, en el caso de que esta vía se mostrara infructuosa, adoptar la planteada desde el grupo independentista de izquierdas, que es la ya vigente en Galiza o Catalunya con el visto bueno del Tribunal Constitucional. La clave de la solución es por tanto la que avanzó Pello Otxandiano el pasado viernes, en términos similares a los empleados por Joseba Díaz Antxustegi.
Según han confirmado este tarde de miércoles, para ello ambas formaciones crearán un grupo de seguimiento y evaluación. Se dan un plazo de tres años para dilucidar si la reforma ahora aprobada resulta eficaz o no frente al embate de los tribunales españoles, a través una serie de criterios objetivos de valoración muy detallados. Se tratará de una comisión técnico-política, en la que habrá electos y también expertos designados por ambas formaciones.
Lo relevante, antes de entrar en más detalles, es el propio logro del acuerdo. Kontseilua había interpelado a las fuerzas e instituciones abertzales a conseguirlo, por ejemplo en la jornada de movilización del 13 de junio en Iruñea.
Para ello el PNV ha tenido que dejar de lado a su socio de gobierno, el PSE, que mantiene una posición reacia a este impulso al euskara en las contrataciones públicas. EH Bildu, por su parte, ha perseverado para lograr el consenso, incluso después de que el PNV rechazara apoyar su propuesta de ley. El grupo que dirige Pello Otxandiano se abstuvo para dar cauce a la negociación en base a la propuesta del PNV, evitando así que encallara el proceso de reforma, y ha terminado gestando esta fórmula, imaginativa pero que sobre todo pretende ser eficaz.
Resumiendo mucho un asunto de complejidad técnica evidente, el modo de blindaje planteado por EH Bildu consistía en una reforma integral de la actual norma, mientras el PNV ha optado por retoques que intentan cerrar las fisuras por las que entran los recursos contra los concursos y las posteriores decisiones judiciales.
Tres años de evaluación, o menos
El acuerdo final se articula en dos fases que superan esa desconfianza mutua. EH Bildu permite ahora que se despliegue la vía preferida por su interlocutor, pero en el caso de que se demostrara «insuficiente» frente a la ofensiva en marcha, será el PNV quien tendrá que cambiar de hoja de ruta en busca de otra más eficaz. Todo ello en el citado plazo de tres años como máximo.
Llegados a ese punto, detalla el acuerdo, ambas fuerzas tendrán que aprobar una nueva propuesta que recoja varios elementos: los modelos ya implantados en Catalunya y Galiza, la doctrina del Constitucional, la realidad sociolingüística y el resto de «referencias que puedan ser válidas para fortalecer los derechos lingüísticos de la ciudadanía y la capacidad bilingüe de las administraciones públicas vascas». Esto es, el planteamiento defendido por EH Bildu en el Parlamento de Gasteiz.
Entre medio, sobra decirlo, la pelota estará en el tejado de los diferentes tribunales españoles, que en los últimos años están aprobando sentencias en cascada contra los perfiles lingüísticos decididos por ayuntamientos, diputaciones y gobiernos, y a los que habrá que ver si frena la reforma que ahora se aprobará. Sin olvidar el impulso político de fondo de PP y Vox, crecidos a nivel estatal y que ya han puesto el grito en el cielo contra esta reforma en el Parlamento de Gasteiz, amenazando con recursos.
Evaluación clave
El acuerdo firmado es muy concreto respecto a cómo debe funcionar esa comisión de evaluación, en el tope de tres años previsto para su labor (que obviamente podrían ser menos si se advirtiera con claridad que la reforma en marcha no ha resultado suficiente). Se definen elementos de diagnóstico detallados año a año.
Entre los criterios de evaluación estarán, además de las sentencias concretas que se productan tras la reforma, la jurisprudencia que se vaya conformando en torno a la aplicación de esta Ley de Empleo Público y un posible dictamen del Tribunal Constitucional español sobre los perfiles lingüísticos. Se plantea un análisis integral, que tenga en cuenta si las sentencias son ya o no firmes, que estas afecten a diferentes administraciones, que no se trate de interpretaciones judiciales particulares, que afecten al fondo de las decisiones institucionales y no a aspectos formales…
Si la reforma Ley de Empleo Público estuviera logrando su objetivo, no habría problema alguno. En caso contrario se daría paso a un nuevo proyecto basado en el planteamiento de EH Bildu. Entre tanto, ambas fuerzas asumen que no piensan igual al respecto. De hecho, concretan en el último párrafo que «el presente acuerdo no condicionará la materialización de otros acuerdos o normas que en el futuro puedan alcanzarse entre diferentes partidos políticos para proteger y desarrollar la normalización lingüística».
El camino consensuado se define como «una vía de trabajo compartida que permita avanzar de manera ordenada, responsable y útil». El horizonte de todo ello, «realizar una contribución efectiva a la normalización del euskara en las administraciones públicas vascas y a la garantía de los derechos lingüísticos de la ciudadanía».
El último caso, hoy mismo
Casi a la vez que se anunciaba el acuerdo se conocía una nueva decisión judicial que corrobora la necesidad de este blindaje.
El Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anulaba la exigencia del perfil lingüístico C1 en el 91 % de las plazas ofertadas para la categoría de celador de obra pública en la OPE de la Diputación de Bizkaia, según ha informado CCOO.
Este sindicato alegó que la convocatoria anulada duplicaba el índice de obligado cumplimiento del 46,47 % para Bizkaia, exigiendo el nivel C1 en 10 de las 11 plazas ofertadas. En el TSJPV fue declarada «desproporcionada, y por lo tanto discriminatoria, para estos puestos en los que se requiere una titulación de Formación Profesional o Bachillerato», detalla este sindicato, especialmente activo en la interposición de estos recursos.
Reacciones: Kontseilua
Euskalgintzaren Kontseilua ha acogido el acuerdo con un sensación «agridulce», al considerar que lo consensuado por ambos partidos está «lejos de la nueva arquitectura jurídica que es imprescindible para avanzar en la normalización y revitalización del euskara».
Kontseilua tiene claro que la reforma de la Ley de Empleo que se llevará a cabo, «propuesta por el PNV y que se basa en la eliminación del índice de obligatoriedad, es dudosa para hacer frente a la ofensiva judicial». Recuerda que ha reiterado varias veces que «el camino para avanzar en la garantía y normalización de los derechos lingüísticos en la administración pública es equiparar al euskara con el castellano, esto es, asumir el modelo que está en vigor en Cataluña y Galicia en las últimas décadas».
A pesar ello, Kontseilua ha querido poner en valor que en el Parlamento de Gasteiz «hay una mayoría, que forman los dos partidos mayoritarios, con voluntad de hacer frente a la ofensiva judicial», por lo que pide a PNV y EH Bildu que se valgan de su mayoría para «dar el salto que garantice el futuro del euskara», esto es, «que este acuerdo sea el primer paso hacia la arquitectura jurídica que necesita urgentemente el euskara».
LAB
Por su parte, LAB ha valorado que el PNV «no ha querido aceptar que los perfiles de ambos idiomas oficiales se requieran de manera obligatoria para acceder a la administración pública, por lo que la reforma legal no es la que se necesita en el momento actual».
Sin embargo, considera que «quedarse en la situación en la que nos encontramos hoy en día no sería suficiente para parar la ofensiva, por lo que tampoco sería una buena opción».
Para el sindicato abertzale, aunque el acuerdo que han cerrado EH Bildu y PNV «no sea suficiente para dar los pasos necesarios para la euskaldunización de la Administración y no garantiza que se igualen los dos idiomas para el acceso a esta, tampoco cierra las puertas a esas modificaciones».
«No es la reforma de ley que pedíamos los sindicatos vascos ni los movimientos sociales por el euskera para el momento que estamos viviendo», y «está por ver si si la modificación a aplicar en la Ley de Empleo Público contemplará protección legal para otros escenarios». En caso de que no fuera así, LAB exigirá que se lleven a cabo «las modificaciones necesarias para dotar al euskera del mismo estatus que el castellano» y continuará «presionando en ese sentido y vigilará de cerca el nivel de cumplimiento de la modificación de ley y del resto de medidas recogidas en el acuerdo».
Finalmente, ha llamado a seguir trabajando para otorgar el mismo estatus al euskara y al castellano.
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