El infierno de las residencias: los precios desbocados y la falta de plazas públicas provoca "clientes cautivos"
El infierno de las residencias: los precios desbocados y la falta de plazas públicas provoca "clientes cautivos"
Miles de residentes y familiares se ven obligados a acudir a centros privados, donde el precio medio de una plaza ya supera los 2.100 euros mensuales en el conjunto de España.
Las asociaciones de residentes y familiares denuncian que los "ajustes" de las tarifas se traducen en "más gasto a cambio de una atención que no mejora".
Madrid--Actualizado a
Mientras cerca de 50.000 personas dependientes continúan a la espera de una plaza residencial pública en España —según los últimos datos facilitados a Público por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales—, muchas familias se ven obligadas a recurrir al mercado privado, que suma alrededor de 270.000 plazas. Parte de estas personas permanece en sus domicilios a la espera de una resolución; otras reciben prestaciones o ayudas complementarias, pero la mayoría acaba asumiendo el coste de una residencia privada mientras aguarda una respuesta de la administración.
El quid de la cuestión surge cuando estas últimas familias no solo se ven abocadas a pagar una plaza en una residencia privada, sino que cada año la pagan más cara. Actualmente, una plaza asistida compartida cuesta ya una media de 2.172 euros mensuales, IVA incluido. Casi uno de cada cinco centros ha incrementado sus tarifas desde finales de 2024, con subidas medias del 8,1%, lo que supone unos 151 euros más al mes. Esta cifra se recoge en un informe al que ha tenido acceso Público, publicado en mayo de este año por miResi, una plataforma especializada en la búsqueda, comparación y asesoramiento sobre residencias para personas mayores.
El estudio toma como referencia una muestra de 1.200 centros colaboradores distribuidos en 47 provincias españolas. Las diferencias entre territorios son abismales. Gipuzkoa (4.210 euros), Bizkaia (3.160), Navarra (2.970) y Álava (2.946) encabezan el ranking de provincias más caras. En el extremo contrario, aparecen Ávila (1.434 euros), Lugo (1.528), Cáceres (1.551), Palencia (1.589) y Toledo (1.606).
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Los números coinciden con los que maneja el portal Inforesidencias. Su último informe de precios de 2025, elaborado a partir de 8.730 consultas y datos de 1.184 residencias que suman más de 164.000 plazas, sitúa el coste medio de una residencia privada en 2.118 euros mensuales, un 3,77% más que el año anterior. Josep de Martí, fundador del portal, explica que una plaza residencial privada costaba entre 1.185 y 1.260 euros mensuales a comienzos de siglo, frente a los algo más de 2.100 euros en 2025.
Desde la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) señalan a Público que el modelo que empuja a la ciudadanía hacia la oferta privada mediante la insuficiencia o el deterioro de determinados servicios públicos se está extendiendo a ámbitos como la educación, la sanidad o las escuelas infantiles. En algunos casos, añaden, la alternativa pública resulta directamente inexistente. La organización alerta también de los riesgos de dejar los cuidados en manos de la lógica del mercado. En su opinión, corresponde a los servicios públicos actuar como contrapeso frente a los elevados precios de la oferta privada, garantizar estándares de calidad y asegurar el acceso efectivo a los derechos de la ciudadanía.
Los altos precios y la falta de plazas públicas generan "clientes cautivos" con poco margen para reaccionar ante la subida de tarifas, según CECU
CECU pone el foco en la escasa capacidad de elección de muchas familias. Los altos precios, la falta de plazas públicas y la dificultad para acceder a un centro cercano al entorno habitual de la persona dependiente convierten, en la práctica, a residentes y familiares en "clientes cautivos", con un margen muy reducido para reaccionar ante incrementos de tarifas. Aun así, recuerdan que los usuarios conservan su derecho a reclamar cuando consideren que se vulneran sus intereses. La federación insiste en que la responsabilidad última recae sobre las administraciones públicas. "Los Estados deben garantizar la existencia de residencias accesibles y de calidad para todas las personas que las necesiten". De lo contrario, "el resultado será un aumento del sobreendeudamiento de las familias o la obligación de aceptar centros que no ofrecen condiciones adecuadas de atención y cuidados".
"Más gasto a cambio de una atención que no mejora"
"No se puede normalizar que el cuidado de las personas mayores se convierta en una oportunidad de negocio que engorda beneficios privados a costa del esfuerzo económico de las familias. El objetivo debe ser recuperar la atención sociosanitaria como un derecho universal y subjetivo, no como un privilegio", dice tajante Fernando Flores, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare). Advierte de una contradicción: mientras el discurso institucional apela a la universalidad del sistema de dependencia, en la práctica —sostiene en conversación con Público— "se están creando las condiciones para maximizar la rentabilidad del sector privado".
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"En la mayoría de los casos no se trata de un servicio asequible", señala, al recordar que el precio de una plaza residencial llega a duplicar la pensión media en el Estado, lo que abre una brecha que deja a muchas familias ante una disyuntiva difícil: complementar con apoyo familiar o recurrir a la venta de patrimonio. En este sentido, propone limitar el coste que asumen los residentes al 85% de su pensión y que las administraciones cubran el resto, además de impulsar una red amplia de residencias públicas que actúe como contrapeso en los precios.
En la misma línea, Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, critica lo que la Administración presenta como "ajustes" o "actualizaciones de tarifas", que en la práctica —afirma a este diario— se traducen en "más gasto para las familias a cambio de una atención que no mejora". Denuncia también carencias estructurales en los centros: "Desde la falta de personal hasta menús insuficientes o instalaciones sin climatización adecuada frente a episodios de calor extremo".
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Por su parte, María Jesús Valero, de la asociación 7.291: Verdad y Justicia, alerta de que cualquier incremento de cuotas "resulta inasumible para quienes dependen de pensiones bajas", especialmente tras varios años de subidas acumuladas. Solo aceptarían, puntualiza, aumentos si estos se tradujeran en mejoras tangibles: más personal de atención directa, mejores condiciones laborales, infraestructuras adecuadas y una alimentación de mayor calidad.
La otra factura del futuro Acuerdo Marco en Madrid
Público ha tenido acceso a la factura de una de las residencias privadas del grupo Los Nogales, en la Comunidad de Madrid, que permite comparar la evolución de las tarifas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 para estancias de 30 días o más. En la principal partida "por estancia, cuidados y atenciones", se detalla un incremento de 113,80 euros mensuales, un 4% más en la cuota respecto al año anterior. Según consta en las tarifas del grupo, el precio de la plaza incluye manutención completa, servicio de lavandería y planchado, así como asistencia médica. Las ayudas destinadas a las Actividades de la Vida Diaria (AVD) —en casos de incapacidad física o cognitiva— se facturan aparte según el modelo de tarificación que sigue el grupo, con un límite de 37,27 euros al día, IVA incluido.
Desde el grupo Los Nogales justifican las actualizaciones de precios por el "incremento sostenido de los costes que afronta el sector residencial en los últimos años". Fuentes de la compañía aclaran a Público que, desde 2021, "los costes estructurales han aumentado más de un 18%", una evolución a la que se suman el encarecimiento de la energía y el incremento de los gastos de personal. La empresa sostiene que, pese a este contexto, no ha trasladado automáticamente esos aumentos a las familias. "Las actualizaciones se han aplicado de forma contenida y escalonada", señalan. De acuerdo con el grupo, estas medidas "han buscado garantizar la calidad asistencial y la continuidad del servicio, preservando los estándares de atención".
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