EL FIDEUER DE CALAF,LA FLOR DE LA SEGARRA,SALA PASTA INTEGRAL ECOBIORGÀNICA
Un juez de Oklahoma ha condenado este lunes a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares (515 millones de euros) por su responsabilidad en la crisis de los opioides mediante la comercialización agresiva de analgésicos
En un fallo histórico, un juez de Oklahoma ha condenado este lunes a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares (515 millones de euros) por su responsabilidad en la crisis de los opioides mediante la comercialización agresiva de analgésicos, que se han cobrado miles de vidas en el Estado en la última década. Este es el primer caso estatal por opioides que llega a juicio, por lo que la decisión del magistrado del distrito de Cleveland, Thad Balkman, es vista como un precedente para los cerca de 2.000 demandantes -ciudades y condados- que presentaron una demanda colectiva ante un juez federal en Ohio. Además, 40 Estados están liderando batallas legales similares. El gigante farmacéutico negó haber actuado mal y adelantó que apelará el fallo.
En las últimas dos décadas, más de 400.000 personas han muerto en Estados Unidos por sobredosis de analgésicos, heroína y fentanilo ilegal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU, por sus siglas en inglés). En Oklahoma, 4.653 ciudadanos fallecieron producto de una sobredosis de analgésicos entre 2007 y 2017. En los documentos judiciales de este caso, el Estado informó de que el número de recetas de opioides dispensados por las farmacias llegó a 479 cada hora en 2017.
Balkmam explicó en el fallo que Johnson & Johnson lanzó "campañas de márquetin falsas, engañosas y peligrosas" que provocaron "un aumento exponencial de las tasas de adicción, muertes por sobredosis". El juez sostuvo que los acusados se embarcaron en una gran campaña para difundir los mensajes de que "había un bajo riesgo de abuso" de los opioides para tratar el dolor. "Esas acciones comprometieron la salud y la seguridad de miles de personas", apuntó. La propia junta de asesoría científica contratada de los acusados les informó de que muchos de los mensajes de campaña "eran engañosos y no debían difundirse", reza el fallo.
El juez afirmó que la multa de 572 millones de dólares permitiría pagar los servicios necesarios por un año para combatir la epidemia en el Estado. Oklahoma esperaba una multa de 17 mil millones de dólares para financiar programas de prevención y tratamientos para superar la adicción durante los próximos 20 años. "El Estado no presentó pruebas suficientes de la cantidad de tiempo y costos necesarios, más allá del primer año, para mitigar la crisis de los opioides", escribió Balkman. Las acciones del gigante farmacéutico avanzaron este martes cerca de un 2% porque esperaban un castigo mayor.
Lisa Baldwin, parte del equipo legal, explica por teléfono desde Cleveland que aunque no se consiguió la suma que estaba buscando, el fallo representa un “éxito para Oklahoma” que va a poder recuperar ese dinero para invertirlo en programas de prevención, asesoría a las familias afectadas y a organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios de ayuda. “Las víctimas están tremendamente agradecidas porque sienten que por fin se ha hecho justicia”, afirma.
"Hemos demostrado que J&J fue la causa principal de esta crisis de opioides", dijo este lunes Brad Beckworth, el abogado principal de Oklahoma. “Ganó miles de millones de dólares en un período de 20 años. Siempre han negado la responsabilidad y, al mismo tiempo, dicen que quieren marcar la diferencia para resolver este problema. Así que hagan lo correcto: paguen la multa”, agregó.
En 2017, el fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, demandó a las compañías farmacéuticas y sus subsidiarias (J&J, Purdue Pharma y Teva) por causar un “perjuicio público” al lanzar una campaña de márquetin agresiva y engañosa que exageraba la efectividad de los medicamentos para tratar el dolor crónico y subestimaba el riesgo de adicción. Hunter apuntó que J&J era la compañía “líder” del engaño, actuando motivada por “la codicia”. Según el fiscal, entre 2015 y 2018 se otorgaron 18 millones de recetas de opioides en un Estado con una población de 3.9 millones.
Las otras dos compañías farmacéuticas demandadas, Purdue Pharma y Teva, llegaron a acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales en mayo, por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente. 200 millones de la multa de Purdue se destinarán a financiar un centro de estudios de adicciones en la Universidad Estatal de Oklahoma en Tulsa.
Los abogados de J&J defienden que forman parte de una industria legal y altamente regulada, sujeta a una estricta supervisión federal, incluida la Agencia de Control de Drogas de EE UU y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El abogado principal de la farmacéutica, Larry Ottaway, dijo durante el juicio de siete semanas que los medicamentos opioides satisfacen una necesidad: abordar el dolor crónico que afecta a miles de residentes de Oklahoma todos los días.
La abogada Baldwin no se atreve a afirmar que este fallo histórico servirá de precedente para los que vienen porque cada cual tiene un contexto diferente y argumentos que desconoce. Pero está segura de que el hecho de que J&J tenga que hacerse responsable de sus acciones es un espaldarazo para el resto de las demandas.
EL PRIMER JUICIO FEDERAL POR OPIOIDES
La decisión del juez Balkman llega solo dos meses antes de que comience el primer juicio federal por opioides. La batalla judicial del 21 de octubre es el resultado de 2.000 demandas pendientes en un tribunal federal en Cleveland, Ohio, presentadas en gran parte por gobiernos locales que buscan responsabilizar a varios fabricantes de medicamentos, distribuidores y farmacias por la mortal crisis de opioides, declarada emergencia nacional por la Casa Blanca. A los fabricantes los acusan de comercializar engañosamente opioides con mensajes que minimizan sus riesgos y a los distribuidores de no detectar y detener las órdenes sospechosas. Algunas de las compañías que participarán en el juicio sin precedentes son Purdue Pharma LP, Teva Pharmaceutical Industries Ltd y Johnson & Johnson y los distribuidores de medicamentos McKesson Corp, Cardinal Health Inc y AmerisourceBergen Corp.
Un informe de la Administración de Control de Drogas presentado en la demanda colectiva revela que las compañías distribuyeron en Estados Unidos 76.000 millones de píldoras de oxicodona e hidrocodona entre 2006 y 2012. En seis años, la prescripción de los analgésicos para aliviar el dolor ha aumentado un 51% en el país: en 2006 fueron 8.400 millones de pastillas y en 2012 alcanzaron un total de 12.600 millones.
En Estados Unidos 66 millones de personas consumen opioides. Un sexto de esa población abusa de los narcóticos. Pero cada vez son más los políticos y ciudadanos que quieren cambiar esa realidad enfrentándose con la industria farmacéutica en los tribunales. A nivel nacional existen más de 2.300 demandas pendientes de los gobiernos estatales y locales.
La Audiencia Nacional está investigando a la multinacional norteamericana Johnson & Johnson, una de las mayores farmacéuticas del mundo, por haber comercializado prótesis de cadera defectuosas que llegaron a implantarse en pacientes en decenas de países, entre ellos España, y que le han costado a la firma, solo en EE UU, 120 millones de dólares en indemnizaciones. Las prótesis, según se ha dado por probado en otras causas, liberan sustancias metálicas dañinas para la salud. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid acaba de hacer públicas sus actuaciones, que se originan en una querella presentada en agosto de 2017.
Las prótesis, conocidas como ASR y comercializadas a través de la filial DePuy, se distribuyeron en 70 centros repartidos por casi todas las comunidades autónomas españolas y se implantaron al menos a 3.000 personas hasta 2010, cuando la empresa las retiró del mercado nacional. Un año antes, en 2009, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ya había ordenado dejar de comercializar este producto en su país. La empresa ha vendido alrededor de 93.000 prótesis ASR en todo el mundo.
Las actuaciones del juzgado central nacen de una querella criminal que un grupo de 63 afectados (inicialmente 43, a los que se sumaron otros 20) presentó hace dos años. El juez ya ha llamado a declarar a tres expresidentes y a un representante legal de Johnson & Johnson en España. Todos ellos se han acogido al derecho a no declarar. Entre los otros investigados se encuentran, además, ingenieros que diseñaron las prótesis y otros altos cargos de la firma. Los querellantes piden que se les juzgue por delitos de fraude en productos sanitarios y estafa agravada.
Los pacientes, representados por el abogado Emilio Ortiz, defienden que había defectos de fabricación en las prótesis que les provocaron daños irreversibles tras la retirada de las mismas. Basándose en varios documentos que están resultando clave en procesos judiciales contra la multinacional en otros países, aseguran que los problemas ya se conocían antes de 2000. Según la documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, la compañía sabía desde antes de 2010 que las prótesis del modelo ASR XL podían causar daño a las personas. Un 12% de ellas fallaba y se aconsejaba retirarlas.
Primer caso criminal
Es la primera vez que en España los tribunales investigan a Johnson & Johnson por una querella criminal. Los pacientes afectados han conseguido ya dos sentencias favorables, ratificadas por sendas audiencias provinciales, con las han logrado cerca de medio millón de euros en indemnizaciones.
Uno de los problemas comunes de este tipo de prótesis es la liberación de iones metálicos de cromo y cobalto, dañinos para la salud. Así lo establece una sentencia dictada en Vigo, en 2018, en la que un afectado reclamó a Johnson & Johnson una indemnización por las consecuencias de su operación. El juez establece como hechos probados que “las partículas metálicas presentes eran producto del desgaste abrasivo producido por terceros cuerpos y consecuencia de un defectuoso proceso de fabricación”. Una situación que se produce en parte por el rozamiento entre la parte que sustituye el hueso del fémur (la cabeza femoral) y la pieza que sirve de enganche con la cadera (el cotilo). De ahí que el roce genere dolor e imposibilite los movimientos.
Un problema global
Las causas contra DePuy, propiedad de Johnson & Johnson desde 1998, se han repetido en decenas de países del mundo. En Estados Unidos, la tecnológica sanitaria ha alcanzado acuerdos de compensación con más de 9.800 pacientes, según desveló The Implant Files, una investigación periodística liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En enero de este año, la empresa ha sido condenada a pagar 120 millones de dólares de indemnización a 46 Estados de Estados Unidos por comercializar de forma engañosa implantes de cadera con dispositivos metálicos. El proceso judicial lo lideró la fiscal de Nueva York, quien anunció que su oficina y la de otros 45 fiscales generales de todo el país lograron un fallo de consentimiento de 120 millones de dólares con Johnson & Johnson y DePuy para resolver las acusaciones de que la compañía promovió ilegalmente sus implantes de cadera con dispositivos metálicos, concretamente los modelos ASR XL y el Pinnacle Ultamet.
Veredicto masivo contra Johnson & Johnson (J&J) en el marco la batalla legal que se libra en Estados Unidos por los casos de cáncer de ovario en mujeres que usaron polvos de talco, uno de los productos más icónicos del conglomerado de salud. Un jurado en Saint Louis (Missouri) ordenó a la multinacional a pagar 4.690 millones de dólares a 22 mujeres y sus familias, que culpan de la enfermedad al asbestos que contamina el producto para bebés. La compañía apelará el fallo.
El jurado popular decidió que se indemnice a las afectadas con 550 millones de dólares como compensación por los daños causados. A esa cantidad le sumó después 4.140 millones como sanción para castigar la conducta de la compañía por no advertir a los usuarios del producto que el polvo de talco elevaba el riesgo de contraer cáncer de ovario. Se trata del veredicto más grande impuesto en este caso hasta la fecha.
Seis de las demandantes fallecieron y 17 de ellas no son de Missouri, un Estado donde los tribunales suelen ser muy receptivos a este tipo de demandas colectivas. El veredicto se conoció tras cinco semanas de testimonios de expertos de las dos partes. Mark Lanier, abogado de las mujeres, acusó a J&J de “encubrir durante más de 40 años evidencias de la existencia de asbestos en sus productos”.
La batalla legal es monumental. Johnson & Johnson se enfrenta a más de 9.000 demandas por todo los Estados Unidos. En su defensa utiliza el argumento de que el talco es un producto seguro y libre de asbestos. La agencia que supervisa la seguridad de los alimentos (FDA, en sus siglas en inglés) realizó un estudio con muestra del producto en las que no detectó presencia de esta fibra cancerígena. "Es todo una conspiración", valora Bart Williams, abogado de J&J.
En un veredicto anterior en Los Ángeles, la compañía fue condenada a pagar 417 millones a una mujer. Era el más alto hasta ahora , pero aquel fallo fue apelado con éxito por la compañía. "Se impuso la ciencia", añade Williams. También otro en Missouri, donde la multinacional tiene en curso varias apelaciones pendientes de resolver. J&J anunció de inmediatico que recurrirá este último también, porque el juicio estuvo plagado de errores.
“Cada veredicto contra J&J que salió de este tribunal que ha ido al proceso de apelación fue revertido y los múltiples errores presentados en este juicio fueron peores que los de los anteriores proceso que fueron apelados con éxito”, asegura la multinacional, al tiempo que su abogado recuerda que pasó algo similar con los implantes de silicona. Hay una reciente decisión del Tribunal Supremo que pone, además, límites a este tipo de demandas.
Etiquetado
El talco es un mineral que se encuentra muy próximo al asbestos en el proceso de minado. No en todas las demandas se vincula el cáncer de ovario con esta sustancia cancerígena, de hecho, las tácticas de los abogados fueron cambiando. Pero en este último juicio, los abogados argumentaron que se mezclaron en el proceso de minado y después fue imposible de separar. J&J lo negó con rotundidad y explicó que su proceso de purificación garantiza que está limpio.
Mark Lanier pidió expresamente a J&J tras el veredicto que retire el producto del mercado “antes de que cause más angustia, daño y muertes por esta terrible enfermedad”. “Si J&J insiste en vender el talco, entonces debería etiquetarlo con una seria advertencia”, añade. Considera que las pruebas que utiliza la compañía no permiten detectar las fibras de asbestos.
Los títulos de Johnson & Johnson, que decidió batallar caso por caso, perdían cerca de un 2,5% tras conocerse el veredicto. Actualmente hay más de 300 demandas pendientes en California y más de 4.500 por el resto de EE UU. El uso del asbestos está prohibido desde hace décadas en gran parte de los países por su elevada toxicidad y a que la fibra es potencialmente cancerígena.
Los estudios realizados hasta la fecha sobre el vínculo entre el polvo de talco y el cáncer no son concluyentes. La American Cancer Society señala en este sentidoque alguno detectaron un pequeño riesgo de que pueda elevar los riesgos de contraer la enfermedad, pero hay muchos otros que no pudieron probarlo. J&J argumenta por este motivo que no tiene necesidad de advertir a los consumidores. "No nos vamos a dejar intimidar", concluye Williams.
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